Por qué la educación pública no encabeza los programas políticos

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La llamada “ley ómnibus”, proyecto con muchas leyes llamado de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se debate estos días en la Cámara de Diputados del país, rodeada por caceroladas y manifestaciones de personas vinculadas al mundo de la cultura.

Artistas y trabajadores en general del sector, a través del colectivo “Unidos por la Cultura”, se han unido en Argentina para mostrar rechazo unánime al despiadado paquete de medidas que quiere impulsar Milei, que pasa por dar forma a su propuesta programática de eliminar toda financiación al campo cultura y privatizar muchos organismos que dependen del erario público. 

El problema está en que esto es una amenaza real que se cimienta en la base de aceptar la lógica neoliberal para definir qué valor le damos a los servicios públicos. Si esta lógica arraiga y se extiende en otros contextos, entender el sistema educativo a través de los códigos y requerimientos del mercado se normalizará: se aceptará la educación como un recurso nacional para formar a la ciudadanía en intereses de los mercados, por lo que entenderla como un sistema de selección y validar distintas formas de segregación será habitual. 

La educación pública no encabeza los programas políticos porque ha pasado a competir en confrontación en medio de una batalla cultural más amplia. En esa batalla, el sistema se tensiona en un sentido u otro a partir de las definiciones que para ella usamos en torno a lo que es libertad, mérito, calidad o esfuerzo. Si la educación es, como la cultura u otros bienes, una herramienta para el sistema neoliberal (se buscará su rentabilidad), serán prioritarios los principios y valores aplicados a ella. Que no nos extrañe, al ser eso así, que de aquí a unos años asistamos a la derrota definitiva de muchas otras conquistas de derechos e idearios que se canalizan a través de la educación de un país, como el feminismo, la inclusión de las minorías o el respeto a la diversidad cultural. 

Insertos en estos códigos, todo cobra sentido y se reafirma a través de sesgos, bulos y creencias. Desde el momento en que nos decantamos, en esa dialéctica, por definir el rol profesional del docente como transmisor de conocimientos y al alumnado como depositario pasivo del saber, estamos aceptando dinámicas estructurales etnocéntricas que han modelado el mundo occidental de una determinada manera, ante lo que la pedagogía crítica y diversas corrientes de la sociología o antropología han erguido su denuncia, con escaso éxito la mayoría de veces. 

Desde la planificación de políticas, una vez se acepta esa lógica, la defensa de los valores de la educación pública como pilar para la cohesión social y como “generadora de estructuralidad” —me gusta esa expresión, a la que se referían los semiólogos Lotman y Uspenski para definir la cultura— deja de entrar en propuestas programáticas prioritarias. El mapa distributivo según la titularidad de centros se normaliza, se expande la configuración de distritos escolares basados en el peso de la supuesta “libertad” de elegir y se acepta, sin más, que haya tantas desigualdades entre un centro escolar convertido en gueto y otro muy cercano transformado en escuela de excelencia distinguida por sus servicios (y también resultados), ante lo que los demás solo pueden rendirse.  

Como deja de formar parte de las medidas políticas principales y de las cabeceras de debates electorales, la educación pública, a pesar de los valores que encierra, queda relegada a un lugar subsidiario: una fábrica generadora de desigualdades y reproductora de situaciones injustas donde los perdedores son siempre los que parten de situaciones de partida marginales. Los políticos e incluso muchos profesionales de lo público, ante ese panorama, se decantan por el catálogo de servicios que se ofrece como alternativa, reforzado por ese imperativo de querer el máximo beneficio de todo, incluido nuestro tiempo. 

Otro apunte: en torno a la escuela pública, no reconocida su importancia, como ocupa un grueso importante en el PIB de cualquier país desarrollado y una vez normalizado el organigrama neoliberal, se trata de sacar tajada a través del imperio del negocio digital o los libros de texto, mientras seguimos a la vez librando otra batalla entre defensores de lo analógico y lo tecnológico, sin entender que la raíz del problema es otra. 

El discurso que procura vencer esta pugna transforma, en su narrativa, a la escuela pública en un supuesto “parque de atracciones”, cuando lo que realmente hay que es una mezcolanza de pluralismo que se mueve dentro de la diversidad metodológica en medio de contextos complejos. Como las empresas necesitan capital humano, este se nutre de la servidumbre al mérito y al esfuerzo no entendidos como condiciones necesarias (que lo son), sino como máximas que nublan la relevancia que las asimetrías estructurales tienen a la hora de reorganizar los bienes que ofrece la escuela. 

Llevar a la educación pública a una segunda fila encumbra los privilegios de los bendecidos por la suerte o habilidad para sacar tajada en ambientes hostiles. Su proyección en el mundo adulto se disfraza de autoridad a la hora de criticar el conocimiento pedagógico para defender una visión de la escuela alejada del bien común: la escuela como mecanismo de instrucción plagada de menores de edad responsables de su fracaso; chicos y chicas que no quieren estar y que habría que segregar pronto por sus deficitarias aptitudes o actitudes (tal vez más válidos para ser seleccionados como mano de obra barata de entrada).

Cuando la segregación escolar se convierte en paradigma, es normal que se entienda una escuela que es inclusiva como desfile de purpurina, proyectos vacuos y emociones, y la educación obligatoria como un derecho universal extendido hasta casi la mayoría de edad como lastre para aquellos que no quieren aprender (y quienes no les quieren enseñar). Cuanto antes los “objetores del sistema” salgan fuera, mejor. Como construcción política enfocada a ganar elecciones o a redactar titulares que gusten a la mayoría, la escuela pública inclusiva, garantista y principal bastión de la democracia no vende: los resultados de su éxito en términos medibles para la lógica neoliberal no pueden observarse, y menos a corto o medio plazo. 

Decía Foucault que los discursos tienen la capacidad de crear realidades; la realidad creada que imperará, si no ponemos al sistema educativo de una vez en primera fila, será la de unos servicios básicos, como la educación que ofrece el Estado, secundarios para la ciudadanía. A la par, seguirá creciendo (y no es casualidad) la inequidad y el desarraigo hacia la participación en la conversación pública democrática, frente a la expansión de mensajes que fomentan odio, levantan fronteras o buscan desmantelar logros en justicia social.

Pero el avance de estos temores podrá comenzar a impedirse si, de una vez por todas, nos decidimos a poner la educación pública en la cabecera de los mejores programas políticos.

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