Lo que nadie nos contó sobre los principios éticos del profesorado

Todos los años me reúno como director con el alumnado en prácticas del máster del profesorado de Secundaria que va a hacer las prácticas en mi centro.

Llevan meses de teoría y se van a sumergir en el campo de batalla de la escuela, la famosa “trinchera educativa”.

Como es un centro público y se van a rodear de otros trabajadores, familias y menores de edad, me gusta acercarme un poco a la idea de lo que significa trabajar al servicio de la ciudadanía, y más en un sector tan importante y delicado como el de la educación.

Para ello, en los días previos repaso con cierta calma ya no sólo todas las dimensiones organizativas y pedagógicas del centro escolar sino también ese tipo de leyes que apenas se conocen. Una de ellas es el Estatuto Básico del Empleado Público, y más concretamente sus artículos 53 y 54. Cuando me enfrentaba a ese ritual anual de encuentro con los que van a ser futuros docentes, les hablaba de su contenido como una especie de brújula moral que nos define.

Cuando llega un docente nuevo a un colegio o instituto, damos por hecho que sabe cómo comportarse en medio de esa telaraña llamada comunidad educativa.

En el escaso acompañamiento que puede recibir, apenas se le habla de didáctica, de metodologías, de evaluación, de burocracia y de la propia idiosincrasia del centro. Algo parecido ocurre a lo largo del propio máster del profesorado, la tan importante formación inicial docente. No se suele contar nada de ética pública. ¿Para qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Sirve para algo?

Vuelvo al momento en el que me senté el otro día a revisar el Estatuto citado. Mientras iba leyendo, me daba cuenta de que al final no se trata de un catálogo frío de obligaciones, sino más bien de una invitación a pensar en esa necesaria dimensión ética de nuestro trabajo de la que ya he hablado otras veces. 

Estos principios comunes y ese código de comportamiento nos recuerda que nuestra labor se sostiene sobre un marco común que garantiza derechos, equidad y convivencia, dentro de la imparcialidad y el bien común. Imparcialidad no desde el punto de vista de la absoluta neutralidad técnica, sino desde la óptica de evitar que nuestras preferencias personales —políticas, ideológicas, afectivas— se cuelen en decisiones que afectan a otros. Leyendo esto me acordaba de épocas represivas pasadas en las que se imponía a nuestros padres y abuelos cómo tenían que pensar. 

Ahora, gestos cotidianos nos recuerdan la importancia de este principio de impronta democrática: escuchar a dos alumnos enfrentados sin dar por hecho quién “suele tener razón”, no hacer comentarios en las salas de profesores que refuercen estereotipos, no permitir que nuestras simpatías condicionen una evaluación o fomentar en clase un debate sano y respetuoso. Ser imparciales como docentes y buscar el bien común son valores favorecedores de una convivencia pacífica en donde impere la pluralidad de pensamientos, siempre dentro del respeto a los derechos humanos.  

En otro punto de ese Estatuto se nos habla de nuestros principios de conducta, y es entonces cuando bajamos a la tierra, a nuestro día a día en un asunto delicado: “tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos”. Puede parecer evidente, pero en un entorno tan cargado emocionalmente como un centro educativo, donde convivimos con tensiones, urgencias y cansancio, no siempre es fácil sostener ese respeto de forma plena. 

Cómo somos capaces de situarnos ante la comunidad educativa nos define en el ejercicio docente; también alimenta en gran parte la impresión que alumnado y familias van a tener de nosotros: cómo representamos a la institución, o cómo gestionamos el principio de autoridad que tenemos en el aula. Aunque a veces no lo veamos, somos una de las caras más visibles del Estado para miles de personas. Se dice que la administración más cercana al ciudadano es el Ayuntamiento. Pensemos en si no lo es más el colegio público o el instituto del barrio, con todo lo que eso implica en cuanto a la responsabilidad que tenemos. 

No somos ejecutores de tareas

Con los tiempos, el desempeño docente se ha enfriado tanto que a veces nos vemos a nosotros mismos como ejecutores de tareas, cuando realmente no es así. Detrás de cada educador que trabaja para lo público hay una garantía de derechos, de confianza de la ciudadanía en lo común. Trabajamos con personas en formación, con sus expectativas, sus vulnerabilidades y sus futuros. Sus “mochilas”, como solemos decir. Por eso, cada decisión, cada palabra y cada silencio contribuye a construir (o erosionar) esa confianza.

Aunque me dejo muchas cosas en el tintero, quizá sólo por todo lo mencionado merece la pena recuperar estos artículos, leerlos sin prisa y preguntarnos qué significan hoy, en nuestra práctica real, cuando cada mañana nos dirigimos a nuestro cole o instituto. Pasar sobre todo ello, como cuando pasé aquel día en el que me reuní con futuros profesores, es una oportunidad para reconectar con el sentido profundo de lo que hacemos. Reflexionar sobre ese impacto que trasciende lo inmediato. 

Porque, al final, los principios éticos y de conducta de nuestra profesión no están ahí para vigilarnos o cargarnos de más, sino para recordarnos que formamos parte de algo muy grande y valioso.

Algo que nadie nos contó cuando queríamos ser docentes pero que está en el núcleo mismo de lo que es un servicio público.