No ordenemos a los centros en listas

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La maquinaria clasificadora de la escuela y la mercadotecnia que rodea a la parafernalia educativa nos conduce a curiosear ránquines hechos públicos por empresas de comunicación privadas sobre los presuntos mejores centros de un territorio.

Estas listas se hacen también como aparente ejercicio de transparencia en la oferta de una zona o región, con el fin de que las familias puedan —supuestamente— elegir el centro más adecuado para sus hijas e hijos (suelen por eso difundirse de forma estratégica año tras año siempre antes del inicio de los períodos de solicitudes de plaza, y refrescarse a veces en los inicios de curso). 

Esas listas no son en absoluto fiables, tienden a confundir a la población y se aprovechan del juego que dan a la hora de posicionar determinados modelos de escolarización frente a otros, con lo que se genera un clima de competitividad poco alentador. 

No nos dejemos engañar: ninguna institución reconocida publica listados avalados por la comunidad científica que establezcan una ordenación de las escuelas públicas o privadas, ya que los criterios para su clasificación son más que dudosos. Es decir, no responden a los principios de equidad y calidad del sistema educativo reconocidos por organismos internacionales como la OCDE o las Naciones Unidas, así como nacionales como el propio Ministerio de Educación y universidades, además de ningún departamento regional. 

Los organismos públicos y privados que trabajan para la mejora educativa, incluídas las áreas de las administraciones que tienen entre sus competencias la evaluación institucional, no tienen como función, en sus diferentes procesos de diagnóstico, dar a conocer a la sociedad que existen centros de mayor o menor calidad; los parámetros que definen y miden esta supuesta calidad no son fiables, sino que sirven para la propagación de informaciones falsas a la opinión pública.

La investigación educativa más reciente se dirige a la definición de calidad educativa en términos de eficacia, equidad, grado de inclusión, participación y respuesta a las demandas de la sociedad, lo cual desde luego no son tenidos en cuenta como criterios en las famosas listas de centros escolares mejores de España o de ningún otro lugar. En esa línea es hacia la que se encamina la ONU cuando define su cuarto Objetivo Global, dedicado a la educación.

Por otro lado, lo más cercano a la medición de la educación de calidad se circunscribe, aunque con todas sus fisuras, a los estándares evaluados en pruebas regionales o internacionales, dentro de los diagnósticos periódicos de diferentes esferas del sistema. Sus resultados, cuando se difunden, ni mucho menos se publican por centros, ni pretenden poner en entredicho al profesorado para que sientan más la soga al cuello, sino que establecen unas conclusiones más o menos detalladas por contextos a diversa escala con el fin de orientar la mejora. Dicho de otra manera, evaluaciones como PIRLS, ICILS, PISA o SSES jamás pueden usarse para ordenar centros de una zona, porque no está entre sus objetivos a la hora de tratar los datos que se obtienen, sometidos, dicho sea de paso, a muchas variables, sobre todo por el índice socioeconómico de la zona.

Los medios informativos que provocan una respuesta emocional en la población a la hora de valorar según estándares dudosos a nuestras escuelas (listas de mejores colegios e institutos en las que incluso se mezclan centros de naturaleza privada y pública, así como de contextos completamente dispares) deberían estar sometidos a un proceso de verificación serio y riguroso: con esta labor de dudoso encaje ético, interfieren en el la optimización de las políticas educativas, siempre destinadas al bien común, y no a engordar el bolsillo de entidades privadas. 

Sus listados poco rigurosos enredan, así, a las comunidades educativas y contribuyen “narrativas que nada tienen que ver con la realidad” como dice Richard Stengel cuando habla en su libro Guerras de la información (2019) de los sesgos y bulos que se extienden en medios y redes con determinados intereses. Y, lo que es peor, esta manía clasificatoria propia del engranaje capitalista se convierte en este caso en un mecanismo de publicidad encubierto al servicio de los productos que exige el mercado: centros escolares nutridos del mérito, la excelencia o una idea falaz de calidad basada en la selección (buscaremos que nuestros hijos e hijas sean admitidos en esos centros bien posicionados), un discurso que viene como anillo al dedo para las clases adineradas, que siempre partirán de situaciones ventajosas en un sistema educativo con altas cotas segregadoras.

En definitiva, un proyecto educativo común construido como pilar para la cohesión social debe permanecer alerta ante estas perniciosas listas que alteran la imagen de las instituciones escolares según el indicador de la imagen que obtienen en estas publicaciones. Ello puede acrecentar el afán por exhibirse de los centros y sus equipos directivos, que se afanarán más en mejorar de forma estéril el puesto obtenido en el ránking, y no tanto en trabajar por un clima propio para el aprendizaje en comunidades donde los más desvalidos son una prioridad.

Una urgencia mucho mayor que la de salir en la portada de un medio poco fiable para resaltarlo luego en jornadas de puertas abiertas o en una publicación digital.

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