La libre elección educativa: ¿derecho o falacia?

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Se discute mucho últimamente sobre el concepto de libertad atribuido a la educación, pero, ¿es realmente posible su aplicación real? ¿En qué verdades supuestas y falacias se apoya? ¿Podemos decirles a todas las familias sin miedo a equivocarnos que tienen derecho a elegir de forma libre el modelo de educación reglada que quieren para sus hijos e hijas? 

En este debate, de fondo, vuelven a chocar cuestiones ideológicas que se ponen sobre la mesa en una dialéctica interminable, para recordarnos de nuevo que todo acto educativo es político. Es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, reconoce que las familias tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas; ello se traduce, en el marco general de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 27 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la educación, la libertad de creación de centros docentes y también el derecho de las familias a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna. Sin embargo, ¿cuál es la distancia real entre estos preceptos teóricos y el hecho de que los padres o madres puedan “elegir” de forma libre centro o modelo de escolarización? ¿Cuál es la misión del Estado en este sentido?

Aunque en la LODE de 1985 (aún en vigor) se recoge que las familias tienen derecho a escoger centro docente tanto de titularidad pública como distinto de los creados por los poderes públicos, esta es una premisa repleta de ambigüedades y fisuras, ya que, como sabemos, en la práctica este derecho no es real. Y no es real por la circunstancia clave de que los condicionantes y variables que llevan a la elección de centro escolar son múltiples, la mayoría de ellos determinados por condiciones de partida de carácter social, personal, geográfico, étnico, económico e incluso cognitivo. 

La misión de los poderes públicos queda, ante este panorama desigual, condicionada por lo que ya se ha demostrado por diversos estudios y análisis de organismos nacionales e internacionales. En ese sentido, ya advierte la OCDE (2012) que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. Y es ante este panorama de potencial inequidad donde se configura uno de los fines en vigor de las actuales leyes educativas: garantizar a través del servicio público que ofrece la escuela la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal 

En ese marco, como garantes de este principio las políticas educativas territoriales despliegan una concreción legislativa y unos planes de actuación que nos pone los pies en la tierra con respecto a esa trampa de la libertad educativa que tanto se defiende como eslogan mediático. Así, en el marco del entendimiento de la educación como elemento compensador de desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, se establecen distritos escolares y mapas territoriales que, al menos en la teoría, procuran una distribución equilibrada de alumnos y alumnas, siembre sobre la base del condicionante geográfico. 

Si partimos de esas premisas, la evidencia sociológica nos ha demostrado que no todas las personas están en igualdad de condiciones para ejercer esa libertad de la que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que el mensaje es falaz en su fondo, además del impacto que tiene para la segregación, tal y como se deduce de los análisis hechos desde distintos ámbitos. Así, como ya se ha estudiado las familias eligen centro no solo por el modelo pedagógico o por la distancia de este al domicilio o al trabajo, sino como también factor de diferenciación social o cultural, lo cual incrementa estigmas sobre determinados colectivos y grupos humanos, a pesar de que la diversidad y la mezcla social es un valor inigualable en las sociedades contemporáneas. Y ello en un país como España, con elevadas cotas de segregación y con un elevado índice de libertad a la hora de elegir centro, donde seguimos teniendo indicadores de desigualdad social, pobreza e inequidad alarmantes. 

De esto, se deduce que la libertad a la hora de elegir centro ha pasado de ser un derecho universal a ser un elemento de distinción de clase, origen o condición, además de un factor muchas veces contrario al bienestar social y al interés del conjunto de la población. Por ello, defenderlo o emplearlo sin ningún matiz no sólo es falaz, sino perjudicial para la cohesión social. 

En el marco de una libertad humana garante de derechos fundamentales y limitada por la colisión de otros derechos, en un modelo de país avanzado debemos tender a equilibrar las escuelas según los recursos con los que cuenten. Debemos dirigir el marco de acción para que los centros, sin distinción, logren modelos educativos eficaces y de calidad en todas sus esferas, sobre la base de un necesario incremento de las políticas redistributivas. El fin tiene que ser que ningún centro escolar deje de ser atractivo para ninguna familia. La trampa falaz de una libertad que solo un sector de la población puede llevar a cabo debe, por lo tanto, dejar paso a un modelo rico, plural y diverso en donde en cualquier punto de la red de escuelas de un territorio se pueda dar respuesta a cualquier necesidad académica: solo de esa manera, nadie se vería empujado a tener que elegir. 

Todo eso para que, en el momento de la escolarización —función clave de los poderes del Estado— nadie seleccione a nadie en un sistema educativo garantista y universal: una educación protectora de derechos y requerimientos colectivos, alejada de cualquier interés mercantilista o lógica individualista, y construida por y para el bien común.

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