Una escuela que proteja

/

¿Puedo dejar a mis hijos en casa por miedo a que se contagien? Si respondo que no de forma taxativa, tengo la sensación de estarme equivocando, tanto como el día que dije que el coronavirus no iba a propiciar el cierre de las escuelas de casi todo el mundo.

Ante el panorama que se nos viene encima con el inicio del curso escolar en una parte del planeta, es lógico y hasta necesario que haya preocupación y cierto malestar en la sociedad civil, lo que lleva a muchos progenitores a plantearse preguntas como esta. Sin embargo, creo que no es de recibo que, con todo lo que está ocurriendo, las familias que manifiesten miedo por llevar a sus hijos e hijas al centro escolar ante el incremento de casos diagnosticados de COVID-19, encima teman porque se les tache de insumisos o delincuentes si en algún momento plantean acogerse a una situación de excepcionalidad que supone no llevar diariamente a sus hijos e hijas al recinto escolar y soliciten, por consiguiente, continuar con la escolarización desde casa, con el apoyo y seguimiento de los docentes.

Esta decisión puede ser acertada o no; puede parecernos más o menos coherente o puede ir o no en consonancia con los principios y leyes del sistema educativo de cada país. Sin embargo, una política educativa que saque a relucir su trasfondo jerárquico y su poder institucional y homogeneizador para advertir a las familias de cuáles son sus obligaciones educativas en medio de una pandemia de estas dimensiones, no me parece señal de progreso ni de salud democrática, y mucho menos un signo tranquilizador, sino más bien todo lo contrario.

La escuela que castiga y amenaza en épocas de grandes crisis recuerda al pasado y creo que no es lo deseable en estos momentos de extrema tensión social. La escuela por la que muchos luchamos es una escuela abierta, flexible y respetuosa con la diversidad; una escuela amplia que entiende, que se adapta, que se nutre de las interacciones comunitarias, que muta ante la adversidad y que se reorienta nutriéndose de los avances sociales, sanitarios y tecnológicos.

La escuela en la que yo y muchos creemos es una escuela inclusiva en todos los sentidos: que busca soluciones integradoras a esas familias y comunidades que plantean no un gesto de incumplimiento, sino un argumentario racional y detallado de cuáles son los motivos excepcionales que los llevan a solicitar a la institución educativa prescindir para sus hijos e hijas de un modelo 100% presencial, instando al propio centro a que busque alternativas educativas ante el caso concreto que se plantee. Ante esta posible situación, de entrada, es preciso escuchar y mantener una actitud respetuosa que evite todo prejuicio que lleve a etiquetar, juzgar o clasificar a esas familias, que es lo que tristemente han hecho algunos representantes políticos españoles durante estos últimos días.

Sistemas extraordinarios

Todo esto no es nada nuevo: la legislación educativa ya preveía antes de la COVID-19 mecanismos de evaluación y seguimiento docente alternativos para aquel alumnado que presente ante el centro una casuística debidamente justificada y detallada por parte de sus familias, con el aval normalmente de informes médicos. De hecho, existen fórmulas que permiten habilitar, tras el estudio del caso concreto y el informe debidamente razonado de los órganos didácticos colegiados -y si es necesario de los Servicios Sociales-, procedimientos alternativos de trabajo sin acudir físicamente al centro, como fórmula de escolarización extraordinaria provisional hasta que no esté garantizado un regreso a las aulas 100% seguro y que atiendan a situaciones de excepcionalidad debidamente justificadas, y pocas situaciones hay más excepcionales que la que estamos viviendo en todo el planeta.

Fruto de esta necesidad, nacieron hace años medidas como las aulas hospitalarias o la atención domiciliaria, medidas que fueron formalizando y concretando las distintas comunidades autónomas, a través de su desarrollo legislativo, y que se salen de esa normalidad en que algunos pretenden enmascarar la casuística que los entornos familiares viven o han vivido en uno de los períodos más duros que se recuerdan en los últimos cien años. Y todo ello, al mismo tiempo que los representantes políticos se llenan la boca para hablar de equidad, igualdad de oportunidades, programas compensatorios o, simple y llanamente, de respeto a la diversidad.

Diversidad deseada

Tengo la sensación de que estas familias preocupadas y agotadas tras situaciones extremas que están padeciendo -muchas de ellas de enorme impacto psicológico- no entran en la diversidad deseada por el aparato del Estado; no son parte de la diversidad programada, sino de la que se sale de lo corriente, lo común o lo predominante, por lo que no encajan en las ocurrencias de los gobernantes de turno, que nunca admitirían hablar de fracaso en su diseño de las nuevas realidades escolares, por su escasa o nula capacidad autocrítica. Porque los mismos que defienden justicia social entre sus principios, recuperan con sus mensajes categóricos un espíritu que recuerda a una escuela que se erigió en el pasado como aparato controlador del sistema. Casualmente, de esas mismas políticas hegemónicas y poco flexibles salen las medidas de compensación del déficit que tratan de paliar la diferencia como si esta fuera una desviación o una anomalía, en lugar como si esta fuera la clave para aspirar a una sociedad sustentada sobre un activismo critico que derrumbe los pensamientos anacrónicos que no hacen sino perpetuar situaciones de opresión.

Nadie sabe hasta qué punto la apertura de los espacios físicos de los centros educativos hará que la COVID-19 se propague con más rapidez, pero desde luego que no se puede atemorizar a quien busca solamente una escuela que proteja. Y en esa búsqueda estamos todos, también esas familias.