Llega junio, el momento en que los equipos educativos deben decidir sobre la promoción o la titulación del alumnado.
Quienes hayan estado en esa tesitura coincidirán conmigo en que es uno de los momentos del curso más cargados de responsabilidad profesional y de consecuencias humanas. Al fin y al cabo, va mucho más allá de un mero trámite: afecta a la trayectoria vital de un adolescente.
Durante años, la normativa ha hecho navegar al profesorado entre decretos, órdenes, instrucciones y circulares que, lejos de aclarar, a menudo han añadido capas de complejidad. Pero los equipos educativos siempre han estado ahí, recordándonos lo esencial: ¿qué significa evaluar?, ¿qué significa acompañar?, ¿qué significa decidir sobre el futuro de un alumno cuando no todo encaja en una rúbrica o en un porcentaje?
A pesar de que sus funciones están reguladas, los equipos docentes ocupan un espacio singular: no son el clásico órgano colegiado institucional (como un Consejo Escolar, con su orden del día rígido o actas detalladas sobre su desarrollo como en una sesión de claustro), pero tampoco son un conjunto de individuos que votan como si estuvieran en una reunión informal.
Vienen a ser, por lo tanto, un híbrido peculiar: un grupo profesional que debe actuar colegiadamente, con las garantías y el rigor que exige cualquier decisión administrativa que afecta a derechos fundamentales. Eso implica que sus acuerdos se adopten por mayoría simple: más votos a favor que en contra. Ni mayorías cualificadas, ni umbrales imposibles, ni bloqueos derivados de interpretaciones creativas de la normativa.
Esta claridad es una forma de proteger la profesionalidad docente frente a la arbitrariedad normativa. Pero, sobre todo, es una forma de devolver a los equipos educativos su papel real: el de espacios donde se ejerce el juicio profesional, no donde se aplican teorías abstractas hechas para una generalidad.
Porque decidir sobre la promoción o la titulación no consiste en comprobar si un alumno tiene tres suspensos o dos, si ha entregado todas las tareas o si ha mejorado en el último trimestre. Consiste en valorar si ha alcanzado los objetivos de la etapa y si ha adquirido las competencias clave que le permitirán continuar aprendiendo.
Esa valoración no puede reducirse a una operación aritmética: requiere que nos escuchemos, que conversemos, que analicemos, que contrastemos la información que dan los compañeros y que, sobre todo, comprendamos el contexto donde se ha desenvuelto el estudiante.
Veo también a los equipos educativos como el último dique frente a la burocratización de la evaluación.
Cuando funcionan bien, reúnen miradas distintas sobre un mismo alumno: su evolución emocional, su desempeño académico, su potencial creativo o las dificultades familiares que condicionan su aprendizaje. Por separado, esas miradas son incompletas; juntas, permiten una valoración más justa y ceñida a la realidad.
Pero para que eso ocurra, los equipos educativos necesitan tiempo, formación y un marco claro. También necesitan recuperar la confianza en su criterio profesional. La colegialidad no exige unanimidad ni imposición: exige deliberación. Y la mayoría simple no es un atajo, sino una garantía democrática integrada en la cultura de centro.
Cuando nos reunimos para deliberar, también tenemos que recordar que la evaluación continua no es una ficción administrativa, sino un compromiso ético. Que un alumno puede no haber superado todos los criterios de evaluación y, aun así, haber alcanzado los objetivos de la etapa. No olvidemos, en ese sentido, que la escuela no debe actuar como filtro sino como puente hacia el desarrollo individual.
En un momento en que la conversación pública sobre educación se llena de ruido, las reuniones finales de los equipos docentes nos devuelven a lo esencial: la calidad de las decisiones colectivas que tomamos en el ejercicio de nuestra función. Por eso, toda coordinación que podamos ganar sigue siendo poca.
Las reuniones docentes son, a mi juicio, el principal acto de responsabilidad profesional. Espacios de diálogo, de deliberación y de justicia educativa sin los que los centros escolares no funcionarían.
Cuando los equipos educativos deciden si un alumno promociona o titula, en el fondo están definiendo qué entiende la escuela por éxito, qué significa realmente la inclusión educativa y qué tipo de institución y de sociedad queremos construir.
Esa me parece la reflexión más necesaria en este final de curso: detrás de cada decisión colegiada hay una oportunidad para hacer de la escuela un lugar más humano, más justo y consciente de su misión. Cuando vayamos a decidir, no entendamos la colegialidad sólo como requisito legal, sino como forma de atender mejor a nuestro alumnado.
