No hay nada nuevo bajo el sol. Una nueva ley educativa ha sido publicada en el BOE, pasa a modificar a la LOE y a borrar de un plumazo los cambios articulados por el Gobierno anterior, de signo político contrario.
En breve tendremos en vigor ya la LOMLOE, dispuesta a ser desarrollada y concretada en su ámbito competencial por las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, ¿toda esta convulsión vivida en los últimos meses cambia realmente el día a día de nuestros jóvenes estudiantes y sus familias?
En realidad, se noten los cambios organizativos o no en la comunidad educativa, lo que más me preocupa es hasta qué punto el ambiente en el que se ha gestado pueda afectar al grado de motivación de docentes, estudiantes y progenitores.
Al final, la ardua batalla mantenida en el terreno político e ideológico tiene sus consecuencias en el impacto causado en los usuarios del sistema educativo, que en su quehacer diario son los que realmente pueden calibrar la calidad de la educación de una región. Y créanme que no es el mejor momento para sondear los ánimos de estos: considero que pocas banderas políticas saldrían ganando.
De todos modos, lejos de ahondar en cuestiones trilladas e hinchadas de polémica, como pudieran ser la libertad o no de elección de centro, el supuesto ataque a la concertada o los asuntos idiomáticos dentro de las disputas territoriales, sí que creo que la LOMLOE viene a ordenar algunas anomalías y contradicciones de la LOMCE que afectaban a la equidad, y eso sí que es relevante.
Participar en la escuela, no en la norma
Considero, en primer lugar, que está directamente relacionada con la equidad la búsqueda de una participación equilibrada de los distintos sectores de las comunidades educativas en el día a día de los procesos escolares. En ese sentido, se ha extendido de forma considerable la idea de que esta nueva ley nace sin consenso y con, lo que es más preocupante, escasa la participación de la comunidad educativa en su construcción.
Si les digo la verdad, en lo que a mí respecta poco me interesa participar en la redacción de una ley marco general en lo referente a una materia que, además, tiene sus competencias transferidas a las comunidades autónomas; no sé, así, hasta qué punto es viable que todo aquel que tenga una opinión sobre cómo gestionaría la educación tenga que intervenir en la redacción de una norma general, ya que lo que importa en ese caso, creo, es la confianza en que las personas del ámbito técnico que vayan a articular este esqueleto legislativo lo vayan a hacer bien, pensando en el mundo que tenemos, en sus necesidades y en los valores que queremos que se inculquen a las generaciones futuras.
Por lo demás, sí que veo más importante la participación colectiva en las normas, proyectos y documentos que articulan el día a día de una escuela, dentro de la llamada autonomía de los centros, que es al fin al cabo lo que va a afectar a nuestros hijos e hijas. Para ello, la LOMLOE, por ejemplo en su artículo 127, arma con solidez unas competencias de un consejo escolar que recupera el espíritu participativo en los aspectos más importantes de la construcción real de nuestras escuelas.
Así, con la nueva Ley, familias, estudiantes, docentes… todos juntos elegidos de forma democrática podrán de nuevo, por ejemplo, aprobar o no, a través de este órgano democrático, único según la idiosincrasia de cada contexto, la programación general anual de un centro -con la LOMCE lo hacía el director, aunque les parezca increíble- y podrán decidir (ojo a esto) sobre las cuestiones relacionadas con los procesos de admisión del alumnado, en el marco que regulen las normas autonómicas y siempre en busca del cumplimiento del principio de equidad e igualdad de oportunidades.
Decir, por lo tanto, que esta ley no invita a la participación real y efectiva de las comunidades, es hasta cierto punto un atrevimiento: basta con que nos presentemos a las elecciones de los consejos escolares de los centros para poder formar parte de la gestación, evaluación y aprobación de sus normas más relevantes. Eso es participar.
Itinerario hacia la igualdad
Por otro lado, mientras algunos se siguen afanando en discutir sobre cuánta gente ha participado o no en la nueva Ley, la LOMLOE pasa a eliminar los polémicos itinerarios a los que eran sometidos los adolescentes desde edades tempranas. En ese sentido, soy de los que cree que un sistema educativo que se propugne como universal desde la Constitución debe garantizar esa universalidad en plenitud de condiciones al menos en los 10 años que dura la educación obligatoria.
De esa manera, con la LOMLOE ya los chicos y chicas de España no tendrán que elegir, por ejemplo, unas matemáticas “profesionales” o “académicas” en 3º de ESO, lo que les iba a condicionar el itinerario que podrían realizar en 4º y, por ende, si luego quisiesen encaminarse a Formación Profesional o a Bachillerato. Al menos hasta el tercer curso de la ESO y en gran parte en cuarto, se procura ahora que todos tengan las mismas oportunidades, y que los centros no puedan articular por necesidades horarias u organizativas agrupamientos segregadores en medio de una etapa fundamental para la formación de las personas.
Una oportunidad perdida
De todos modos, sí se echa en falta cierto atrevimiento en la LOMLOE en lo referente a diversidad e inclusión en la organización general de la ESO. Suprimir los Programas de Mejora del Aprendizaje (PMAR) y cambiarlos por los Programas de Diversificación Curricular de la LOE supone, una vez más, un entendimiento empobrecido del reconocimiento de la diversidad y el trabajo con esta en el día a día de las escuelas.
De forma similar a lo que ocurre con las etiquetas de NEAE, el alumnado que se incorpora a estos programas compensatorios se ve marcado por su condición de diferencia vinculada a una potencial situación de marginación: dejan de formar parte de los grupos ordinarios y son seleccionados tras un proceso diagnóstico justificativo para integrarse en estas medidas que agrupan sus aprendizajes en ámbitos, cuando este tipo de agrupamiento por ámbitos -y no según las habituales disciplinas- debiera ser el recomendable siempre, también en grupos ordinarios, para el fomento del aprendizaje competencial (la LOMLOE deja, precisamente, la puerta abierta al agrupamiento de las áreas y materias en ámbitos, aunque vaya a ser difícilmente materializable, debido a las inercias y limitaciones organizativas que hay en muchos centros).
Sí es cierto que estos programas contribuyen a mejorar, desde un punto de vista estadístico, las cifras de abandono y fracaso, además de, en ciertos casos, a motivar a determinados jóvenes que se sienten “perdidos” desde etapas tempranas en la enseñanza ordinaria
Sin embargo, el hecho de que el alumnado llegue a ellos tras haber recorrido ya un mundo de experiencias estructural y simbólicamente violentas que los lleva a permanecer invisibles o a ser etiquetados desde muy pronto, hace complicado que puedan deshacerse de estas marcas en esos grupos de Diversificación diferenciados. Las políticas inclusivas nos hablan de lo contrario, de que los individuos deben forjar el máximo de sus potencialidades en espacios y agrupamientos compartidos, siempre junto a sus iguales, asegurándoles allí que la administración les proporcionan los recursos humanos y materiales que precisen.
En definitiva, importantes avances y cambios relacionados con la idea de democracia, equidad y participación en los centros escolares. Modificaciones que son positivas porque permiten diseñar escuelas más abiertas y plurales, que es lo que necesita esta época tan convulsa. Faltan sin embargo pasos por dar, muros que derribar y fronteras que borrar, no lo voy a negar.
Ahora queda lo que realmente importa: confiar en que la verdadera ley de leyes, la del diálogo que se produce entre estudiante y docente en la cotidianeidad de cada aula, forje el cambio que nuestro mundo, ese que todos compartimos -seamos del color ideológico que seamos- está pidiendo a gritos.
