Hoy en día se habla mucho de una pérdida del respeto a la autoridad docente. Desde nuestra posición actual y nuestros sesgos, lo comparamos con épocas remotas y llegamos una vez más a esa conclusión de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
No vamos a negar que, de un tiempo a estar parte, una parte del profesorado siente cada vez más que vive episodios constantes de desautorización, y ello genera inseguridad y deterioro del buen clima de convivencia. Esta percepción se ubica seguramente en un marco más general: el de un posible menoscabo de determinado valor y sentido de la institución escolar. Nos encontramos en una época en donde los problemas de atención en jóvenes y no tan jóvenes se ligan a una pérdida de referentes y a la dificultad de sostener una idea de “autoridad” fiable, con entornos digitales, cada vez más fragmentados. Todo ello influye.
En la actualidad, defender el concepto de autoridad docente como una imposición es un acto quimérico. De hecho, comprobamos que la aplicación más punitiva de ese entendimiento de autoridad en los centros escolares no suele dar sus frutos. Corremos incluso el riesgo de crear en muchas situaciones concretas un efecto rebote que empeore las relaciones en las comunidades educativas, y lo que queremos es justo lo contrario: crear un clima de respeto institucional, como condición sine qua non para el aprendizaje y la convivencia.
La escuela debe ser un espacio donde se respete la función del docente como garante del orden pedagógico, y ese es el principio de acuerdo común sobre el que todos tendríamos que trabajar. Nadie debería poner esta idea en duda. Cualquier docente es agente clave del derecho a la educación, vinculado al artículo 27 de la Constitución Española. Por lo tanto, una posible fractura de esa percepción de la autoridad del profesorado supone una quiebra de principios constitucionales que tendrían que estar blindados como una parte más de las conquistas sociales.
Sin embargo, quiero recalcar aquí que la autoridad de un docente tiene una esfera singular que es en la que habría que insistir para ir poco a poco contrarrestando esa idea repetida de que “ya no nos respetan”. El principio de autoridad pedagógica se nutre del conocimiento normativo, científico y didáctico que está en entredicho cada vez que se discute sobre estos temas en muchos foros. Pero la autoridad docente también se manifiesta, y se sustenta hoy en día más que antes, en su compromiso ético ante problemas contemporáneos. Ello supera cualquier trasfondo meramente técnico o jurídico.
En tiempos de extremismos y polarización, la autoridad de los profesionales de la educación se apoya en su capacidad para posicionarse con postura firme y argumentada a favor de los derechos humanos y los valores democráticos, como baluarte de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a los principios y fines de la educación. La neutralidad técnica de los funcionarios públicos puede y debe ser compatible con este nuevo entendimiento de autoridad moral (el docente como el mejor ejemplo de comportamiento civil, de referente moral), que es el que debe defenderse en plena moda de la fragmentación, el odio y los separatismos.
Es innegable que la precarización y el descrédito social debilitan la autoridad docente.
Sin embargo, pensemos que la escuela, como espacio público inigualable para la generación de equidad y justicia, representa la gran esperanza del estado del bienestar a la hora de propiciar cohesión social, vínculos humanos sólidos y un gran pacto de estado que empieza siempre, en sus cimientos, por un acuerdo educativo: el que establece cada docente con su alumnado cada vez que entra por la puerta de sus aulas.
Cuando el profesorado gana en autonomía por su posición ética junto a sus conocimientos culturales, didácticos y científicos, se incrementan las posibilidades de reforzar su autoridad, y eso es algo que los representantes institucionales deben tener muy claro. No olvidemos tampoco que existe una esfera emocional básica para repensar la autoridad docente en los tiempos actuales. De hecho, la influencia pedagógica depende del reconocimiento mutuo (Acuña Zúñiga et al., 2022), por lo que no resulta nada descabellado avanzar en una idea de autoridad legítima como parte de un contrato que se nutre de la interacción, la creación de arraigo, de confianza, de capacidad de escucha o de sentido comunitario.
Por lo tanto, supone un acto de madurez individual y pública reconocer que la idea clásica de autoridad del profesorado es hoy cuanto menos cuestionable. Seguir defendiéndola nos lleva a golpearnos contra el muro de la realidad que nos atraviesa con experiencias frustrantes cada día.
Pensemos en que las soluciones a este dilema sobre la autoridad docente se alimentan de una resignificación del propio principio de autoridad, no como sinónimo de imposición o control, sino como parte de un necesario pacto humano basado en la responsabilidad, que en el fondo no es novedoso, pero que parece haberse olvidado: un pacto basado en la existencia de un maestro que, desde tiempos ancestrales, siempre enseña, cuida, dialoga y protege al aprendiz con quien que se vincula en cada clase y en cada minuto que comparten.
