Si gestionar un centro educativo ya es complicado, hacerlo durante estos tiempos tan convulsos y de tanta inseguridad lo es más aún.
Garantizar la correcta organización del día, a día, proteger la segirudad del alumnado, trabajar por el bienestar del profesorado… Si a todo ello se le une una convocatoria de huelga general masiva, más se complica todo, ya que el antecedente más próximo de una convocaria de estas características tiene 14 años.
Ante un llamamiento a una huelga general, el cometido es sobre todo, además de garantizar unos servicios mínimos de funcionamiento del servicio público, velar por el respeto a los derechos fundamentales que protegen al personal del centro. En ese marco, podemos vernos desde los equipos directivos tentados de buscar atajos informativos con el claustro o emitir avisos drásticos a las familias sin saber muy bien hasta dónde podemos llegar en la información que damos o en lo que le solicitamos a nuestro personal docente o no docente.
Por ejemplo, con la buena voluntad de favorecer una organización más optima de dicha jornada, desde el equipo directivo podemos sentir la tentación de intentar sondear ante nuestro claustro, mediente encuestas o similares, qué personas van a secundar la huelga, también con el fin de que sea más sencilla la designación de los servicios mínimos.
Así, aunque planteemos de forma voluntaria la participación en ese tipo de sondeos internos, tenemos que se conscientes de que hasta qué punto podría vulnerarse el artículo 28.2 de la Constitución y la normativa de protección de datos (LOPDGDD y RGPD). Revelar si se secunda o no un paro atañe a la esfera personal y sindical, y si intentamos recabar esa información entramos en un terreno muy delicado. En el marco de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el cometido de un equipo directivo debe limitarse a designar formalmente y de forma fehaciente al personal obligado a cumplir los servicios mínimos decretados por la administración educativa, todo ello comunicado siempre por los canales internos corporativos. Recordemos que comunicarle a alguien que está de servicios mínimos ante una huelga es un acto administrativo, con todas las garantías que ello requiere.
Pero el verdadero reto comunicativo y jurídico se traslada a la relación con las familias. ¿Cómo comunicamos la huelga a las familias? ¿Qué información podemos dar y cuál es mejor no darla o enfocarla de otra manera? En ese afán por prever el impacto del paro y por ser lo más trasparente posible, es habitual caer en algunos errores: desde la desinformación por omisión hasta la arbitrariedad en la redacción de los comunicados. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común exige que todo acto que afecte a servicios públicos esté debidamente motivado. Un director no puede, por ejemplo, emitir una nota cancelando de forma tajante un servicio esencial (comedor escolar, transporte …)»sin dar explicación alguna», días antes de la convocatoria. Tampoco puede pedir a los padres que no lleven a sus hijos al centro, ni siquiera recomendarlo. Tampoco lo debe hacer el profesorado tutor, por supuesto.
La información dirigida a las familias debe ser lo más formal, objetiva y equilibrada posible. Por ello, considero fundamentales tres ejes de transparencia:
1. Apertura y custodia: confirmar la apertura del recinto escolar y la presencia del equipo directivo o personal asignado a los servicios mínimos para garantizar la función de custodia y seguridad del alumnado que acuda.
2. Imposibilidad de prever la actividad lectiva ordinaria: aclarar con rotundidad que, al ser la huelga un derecho individual que cada docente ejerce la misma mañana del paro, el centro no puede confirmar con antelación qué profesores asistirán ni garantizar el desarrollo normal de las clases.
3. Servicios complementarios: explicar con rigor la situación del comedor o del transporte escolar según lo estipulado en la resolución oficial de servicios mínimos, indicando que su prestación habitual puede verse alterada o suspendida únicamente si la falta efectiva de personal en la misma jornada impide materialmente su funcionamiento.
No vamos a negar que, sea de una manera u otra, gestionar una situación de tanta incertidumbre social y peso constitucional acarrea cierta inseguridad jurídica, sobre todo si no estamos bien asesorados o documentados sobre lo que significa el derecho a huelga. Como cargo directivo es cierto que puedo sentir la frustración de no poder ofrecer a las familias las certezas organizativas que nos demandan cuando se altera el funcionamiento ordinario de las clases. Sin embargo, esa aparente limitación es precisamente la salvaguarda de las garantías democráticas. Incluso diría yo que ese grado de incertidumbre es clave para entender el posible impacto y sentido de una convocatoria de huelga.
Por eso desde los centros no podemos fiscalizar la intención del profesorado ni recortar servicios a las familias por anticipado. Lo único que tenemos que hacer es mantener la calma y aplicar con todo el rigor posible el procedimiento administrativo reglado a través de la orden o las instrucciones correspondientes.
De esa forma es la única en que podemos mantener el deseado equilibrio entre el derecho a la huelga de los trabajadores, el derecho a la educación y el derecho a la información clara que tiene la comunidad educativa, además del mantenimiento de un servicio esencial como es la escuela.
