Lo que voy a contar me ocurre mucho.
Cada vez que veo a un compañero docente pasar un mal trago por una respuesta de un directivo o de cualquier representante de la administración educativa lo pienso: la administración pública nació para servir a las personas, no para que las personas tengan que defenderse de ella.
Sin embargo, demasiadas veces la experiencia ciudadana —y muy especialmente la educativa, por paradójico que resulte— se parece más a un laberinto de contratiempos, muchos de ellos provocados por errores en las relaciones humanas.
No me refiero solamente a una mala contestación. También a formularios que nadie entiende, plataformas obligatorias que fallan, teléfonos que nunca se responden, correos que se pierden sin contestación, etc.
Detrás de una relación administrativa hay vidas reales: desde una familia que necesita una beca para que su hijo pueda estudiar fuera hasta docentes que intentan resolver una incidencia que los angustia.
En los últimos años, pensadoras como Marina Garcés, Adela Cortina o Victoria Camps insisten en una idea que atraviesa la filosofía política contemporánea: la necesidad de una ética de la proximidad, de una administración que no solo gestione, sino que cuide. Una administración que no se limite a aplicar procedimientos, sino que reconozca la vulnerabilidad de quienes acuden a ella. Que entienda que la justicia no solo como marco legal, sino como práctica cotidiana.
La educación pública es, quizá, el ámbito donde esta tensión se hace más evidente, y no debería ser así. La escuela es el lugar donde el Estado se encuentra cada día con la ciudadanía en su forma más frágil y directa. Siempre he pensado que un colegio o un instituto público son la administración más cercana. Pero nuestra administración educativa, que debería ser la más humana de todas, es con frecuencia la más rígida y distante.
Los centros educativos viven atrapados entre dos fuerzas contradictorias, y no dudo de la importancia de ambas: por un lado, la exigencia de inclusión, de atención personalizada, de acompañamiento emocional, de apertura a la diversidad; por otro, una estructura administrativa que funciona con lógicas férreas.
Pero, ¿hasta qué punto puede un sistema que pide a los docentes que personalicen el aprendizaje seguir funcionando con procedimientos que tratan a las personas como números? ¿Cómo puede hablarse de inclusión si parte de la administración no entiende que también forma parte de ese proceso de cambio?
Urge transitar hacia esas ‘instituciones porosas’ de las que habla Garcés, capaces de escuchar y dejarse afectar… o asumir la ‘compasión cívica’ de Cortina, que no es sentimentalismo sino reconocimiento del otro como sujeto de derechos. Por su parte, Victoria Camps recuerda que la democracia se sostiene en virtudes públicas, entre ellas la responsabilidad y la empatía. Aplicar estas ideas a la administración educativa me parece urgente.
Una familia tiene que poder resolver un trámite sin sentirse culpable por no dominar el lenguaje burocrático; un docente tiene que sentir que no pierde horas de su jornada en tareas que no aportan valor educativo; un equipo directivo no debiera tener que elegir entre cumplir la norma o atender a una persona.
Cuando la administración se vuelve inaccesible, la ciudadanía se aleja. Y cuando la ciudadanía se aleja, la democracia, en cierto modo, se debilita. La deshumanización administrativa es más que un problema de eficiencia: es un problema de legitimidad.
Como digo, en educación este riesgo es aún mayor. Cada obstáculo burocrático se traduce en desigualdad. Las familias con menos capital cultural lo sufren especialmente, y los centros con menos recursos acusan más el desgaste. Y hay una idea que ya he defendido muchas veces: los docentes más comprometidos son también los que más se desgastan. Humanizar la administración educativa es, por tanto, una forma de justicia social.
Una administración más humana implica un lenguaje claro, accesible y comprensible, que no convierta cada trámite en una prueba de resistencia. Implica también una accesibilidad real: canales que funcionen, tiempos razonables y respuestas que no se pierdan en el vacío. Implica, además, criterios coherentes y equilibrados. En definitiva, que las personas sientan que la administración es justa en el trato.
Este cambio pasa también por confiar en los centros, que no pueden ser tratados como sospechosos, sino como aliados.
Exigir una formación ética del personal administrativo, porque el trato humano no es un añadido, sino parte del servicio público. Implica evaluar el impacto humano de cada norma: preguntarse a quién beneficia, a quién perjudica y qué experiencia genera. Interrogarnos, en definitiva, por el sentido de nuestra labor como servidores públicos.
Humanizar la administración educativa es una tarea política, ética y organizativa. Requiere recursos, sí, pero sobre todo voluntad. Requiere entender que la administración no es un edificio, ni una plataforma, ni un organigrama: es una relación que, como cualquier otra, puede y debe cuidarse.
La educación pública es uno de los mayores logros de nuestra sociedad, pero para sostenerla necesitamos una administración que esté a la altura de su misión: acompañar, proteger y garantizar derechos. Una administración que no se limite a gestionar, sino que sirva; que escuche; que confíe. Solo así podremos recuperar una confianza institucional que hoy resulta más necesaria que nunca.
Porque, al final, la pregunta es sencilla: ¿queremos una administración que tramite expedientes o una administración que sostenga derechos?
