En esta ocasión, la controversia gira en torno a las instrucciones de organización y funcionamiento del próximo curso publicadas por la administración educativa canaria, un documento que cada año fija criterios básicos para la vida de los centros.
Entre esas instrucciones se establece que, en los recintos escolares, “no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución”.
A mi juicio, la reacción que ha suscitado este punto ha sido, en buena medida, desproporcionada. No porque el debate sobre la escuela pública deba eludirse, sino porque el principio que subyace a esa redacción debería ser plenamente reconocible en nuestro marco constitucional: la educación no puede desligarse del respeto a los derechos fundamentales ni del objetivo de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana.
Conviene, por eso, precisar de qué hablamos cuando hablamos de neutralidad.
La escuela pública, en tanto que servicio esencial, debe actuar con neutralidad institucional: no puede ponerse al servicio de ninguna militancia partidista, confesional o sectaria. Pero esa neutralidad no equivale a indiferencia moral ni a vacío de principios. Su marco viene dado por la propia Constitución y por el conjunto de derechos y libertades que esta reconoce y protege.
Dicho de otro modo: la neutralidad democrática de la escuela consiste en garantizar un espacio de convivencia asentado en principios no negociables del Estado de derecho, como la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, la dignidad de la persona o el respeto a los derechos de los demás. Desde esa perspectiva, las citadas instrucciones no introducen una novedad ideológica, sino que recuerdan un límite básico que quiero remarcar: en el ámbito escolar no todos los discursos valen, y menos aún aquellos que cuestionen o erosionen el marco de derechos que hace posible la convivencia plural.
Esa neutralidad institucional resulta imprescindible porque la educación pública pertenece a la totalidad de la ciudadanía, con independencia de sus convicciones ideológicas, culturales o religiosas. Su función no es homogeneizar, sino garantizar un terreno común en el que la diversidad pueda convivir bajo reglas compartidas y con respeto al pluralismo.
La propia doctrina constitucional ha subrayado en distintas ocasiones que la escuela pública no puede identificarse con ninguna opción doctrinal o confesional. Esto está claro. Sin embargo, tampoco puede desentenderse del horizonte normativo que la legitima en una democracia constitucional. No se trata de suprimir el debate ni de convertir los centros en espacios asépticos, sino de preservar su función como lugares de convivencia democrática.
Por eso, cualquier actividad desarrollada en ellos debe ser compatible con el respeto al pluralismo, con la autonomía de los centros y con la protección de una comunidad educativa diversa que merece un entorno de confianza y reconocimiento mutuo. Es en este punto en el que quiero incidir.
En una esfera pública cada vez más crispada, los centros educativos cumplen una tarea especialmente valiosa: ofrecer a niños, niñas y adolescentes un espacio protegido para crecer en la cohesión social, la tolerancia y el aprendizaje de la convivencia democrática. Esa función exige prudencia institucional, pero también claridad ética respecto de los valores que sostienen nuestra vida en común.
Ahora bien, esa neutralidad institucional no exime al profesorado de una responsabilidad decisiva: abrir espacios de pensamiento crítico, cultivar el respeto a la diversidad y sostener, sin ambigüedades, el valor de la dignidad humana. Al amparo de la libertad de enseñanza, la escuela debe seguir siendo un referente cultural y cívico, un lugar en el que las nuevas generaciones aprendan no solo contenidos, sino también a pensar, deliberar y convivir con quienes son distintos.
Entrar en un aula exige, por tanto, actuar desde la neutralidad institucional propia del servicio público, pero también asumir la responsabilidad profesional de formar ciudadanía crítica. Educar implica ayudar a comprender la complejidad del mundo, ofrecer herramientas para interpretar la realidad y promover una cultura democrática capaz de resistir la simplificación, el dogmatismo y la deshumanización del adversario.
Por eso, hablar en la escuela de igualdad, de derechos humanos, de sostenibilidad, de convivencia o de educación afectivo-sexual no debería entenderse como una anomalía, sino como parte de una tarea formativa inseparable del proyecto democrático. Las instrucciones a las que me refería al inicio no deberían interpretarse, por tanto, como una invitación al silencio, sino como la exigencia de abordar estos asuntos dentro del marco de derechos y libertades que define una educación pública democrática.
La cuestión de fondo, en definitiva, no es si desde la escuela debemos evitar los asuntos complejos, sino cómo tenemos que abordarlos. Y la respuesta, a mi entender, solo puede ser una: con rigor, con respeto y con vocación pedagógica. Solo así la educación podrá cumplir una de sus tareas más exigentes y necesarias:
Un aspecto controvertido. Estoy de acuerdo como abordas el problema. En mis más de cuarenta años de docencia, diez de ellos desde centros de formación del profesorado, he vivido algunos tramos parecidos a lo que se debate en tu artículo. Uno de los problemas es quién garantiza que en las aulas se imparten esos principios. Por mi experiencia, estimo que habrán centros en los que la balanza se moverá hacia el lado izquierdo y otros al lado derecho debido a muchas causas, entre ellas la militancia política.
Muy buena reflexión, Albano, y muy necesaria. Muchas gracias.