Si algo nos enseñó la Ilustración es la necesidad de educar en una dimensión dialéctica del individuo para mejorar la sociedad. Educar contra las sombras para alumbrar la verdad.
Decía Montesquieu en sus Cartas persas lo siguiente: “¡Qué desventurados son los hombres! Sin cesar fluctúan entre esperanzas falaces y risibles temores, y en vez de fundarse en la razón se fraguan monstruos que lo asustan o fantásticas sombras que los engañan.” Mucho tiempo después, todo sigue igual; la realidad se ha convertido en ese trampantojo engañoso que llamamos posverdad: producir y difundir mentiras a fuerza de un click para encumbrar a la demagogia como heroína de un tiempo que parece creado por y para la desestabilización.
Retorcer la realidad es ahora un signo de la cotidianeidad de nuestra era: el gran ejercicio mediático que encumbra a líderes de todo tipo en la opinión pública, como portavoces de multitud de significados ocultos. Cada vez la ciudadanía se siente menos capaz de contrastar, de comprobar y de poner en duda los mensajes que pueblan nuestros sentidos y que nos confunden en medio del miedo y la desesperanza, hasta el punto de clamar por una vuelta al pasado. ¿Podemos hacer algo para evitarlo?
En la época actual, muchos medios de comunicación están cada vez menos adheridos a su crucial papel de vigilancia y más posicionados al lado de quienes fabrican las grandes mentiras. En ese panorama, la educación que proporciona el Estado a través de sus servicios públicos supone el último aliento para recuperar los cimientos de una democracia sólida y cohesionada: la gran salvaguarda del derecho a la información, el derecho a recibir datos y noticias de la forma más clara, veraz y contrastada posible.

La escuela debe educar en el espíritu crítico: en la comprobación de fuentes, en la puesta en duda, en la indagación y en la verificación de las comunicaciones que recibimos hoy en día sobre todo a través de unas redes sociales que consumen los jóvenes sin ningún tipo de control. Las mentiras siempre han estado ahí, en cualquier escenario público; sin embargo, ahora una población atemorizada, enrabietada y confundida está más predispuesta todavía a ser engañada o manipulada. Es ahí donde radica el gran peligro, el riesgo de retroceso en conquistas sociales.
La Constitución española blindó el derecho a recibir información libremente, como un avance clave en el estado de bienestar. Ello propició que sean los principios éticos, los valores individuales y la formación de cada persona lo que determine qué información se recibe y cómo se interpretan sus sesgos, lo cual entraña bastantes riesgos. Por lo tanto, en este contexto es más crucial que nunca cómo son educadas las personas —siempre en el marco del respeto al pluralismo— a la hora de consolidar una opinión pública libre, sí, pero seriamente informada. Y es ahí donde entra en liza el papel de la escuela, y más a tenor de últimos acontecimientos.
Una vez se instala la falsedad informativa como lugar común en el ideario popular, queda combatirla con las herramientas que nos dan los pilares públicos. En ese sentido, la educación gratuita, accesible y universal es el mecanismo más eficaz para desenmascarar las enrevesadas metáforas de la posverdad, a la hora por ejemplo de trabajar, de manera concienzuda, cómo nuestros sentimientos y creencias no pueden vencer al espíritu crítico. La lucha contra la información tóxica a través de planes y programas de mejora escolar ya es habitual por ejemplo en países del norte de Europa. Sobre todo tras la pandemia, países como Finlandia han introducido en sus sistemas educativos acciones de capacitación específica sobre la desinformación y la importancia de la verificación de datos, desde edades tempranas. Una nueva forma de entender la alfabetización que aún está verde en muchos de nuestros colegios e institutos:
Una alfabetización informacional, mediática y digital, que no solo enseñe a leer y a escribir, sino que lo haga críticamente.
Un ejemplo claro de los peligros que entraña la desinformación lo tenemos en el uso nocivo que, desde un punto de vista político, puede hacerse de los avances en Inteligencia Artificial. La sensación de veracidad y la exaltación de emociones son una combinación que encierra multitud de riesgos, que se amplifican con una utilización perniciona de las transformaciones digitales: desde la justificación de la guerra hasta las políticas radicalizadas de fronteras, pasando por la proliferación de mensajes supremacistas, homófobos, sexistas y racistas, siempre apoyados en un relato falso que vende, sí, pero que se soporta en unos cimientos repletos de falacias.
Acuerdos internacionales han derivado en la creación de valiosos mecanismos para contribuir a la veracidad. Un ejemplo es el Código de buenas prácticas contra la desinformación lanzado por la UE en 2022. Sin embargo, se hace insuficiente porque, al final, todo está construido desde las vértebras del sistema, y, a falta de otras soluciones, se apoya en la columna de lo que la escuela es capaz o no de dar.
Por todo ello, una educación reglada cimentada en la participación de toda la comunidad, en la proliferación de debates en torno a hechos, en la difusión al alumnado de información científica sólida y rigurosa, en la planificación de tertulias dialógicas o en el poder que da el conocimiento compartido como principal estrategia contra los mensajes falsos, es parte de esa sociedad cimentada en el espíritu crítico.
Vivimos un nuevo orden algorítmico que hace que nuestros estudiantes, rodeados de influencers que abanderan discursos de odio, sean los objetivos vulnerables del presente y del futuro, y el Estado, en su rol protector y garante, no puede permitirlo. Todo ello en medio de una urgencia nacional que nos habla de una nueva gobernanza que, como dice el filósofo Daniel Innerarity, “parece legitimarse porque no impone sino que complace”.