En ese escenario, la competencia comunicativa deja de ser solo una destreza escolar que haya que trabajar de forma interdisciplinar porque lo diga una ley. En un escenario público en constante tensión, lo lingüístico se convierte en una capacidad política y ética necesaria para cualquier ciudadano: saber producir, interpretar y responsabilizarse de los efectos de lo que se dice. Esta idea se arraiga en una concepción de la escuela que no es nueva: la educación reglada como espacio formador democrático donde lenguajes y valores se enseñan de la mano.
El profesorado no sólo “transmite” contenidos, rol que siempre hemos otorgado al profesional de la educación con toda la controversia que pueda acarrear; un docente configura climas de convivencia, educa en la interpretación crítica de mensajes y mediaciones y debe estar capacitado para articular estrategias que prevengan la normalización del odio entre jóvenes.
La práctica docente contemporánea exige políticas escolares y formación continuada que reconozcan la comunicación como eje de la vida escolar y como herramienta frente a la desinformación y la polarización. Muchas posiciones críticas en sociolingüística, estudios postcoloniales y de teoría del poder subrayan que los usos del lenguaje producen efectos sociales y culturales más allá de lo que a priori podríamos pensar.
Proyectemos esas ideas ahora al impacto que pueden tener en el clima de convivencia escolar, las relaciones interpersonales en un centro, las conductas de los adolescentes ante el reconocimiento de la autoridad del profesorado, etc. Seamos conscientes que hay un nuevo orden social en el que la nueva “autoridad” para muchos jóvenes son esos Influencers de TikTok o Instagram que propagan retos virales absurdos o peligrosos, noticias con apariencias de verdad, leyendas urbanas sobre salud, estilos de vida, etc.
La competencia comunicativa integra elementos lingüísticos, pragmáticos y éticos, y por inercias solemos quedarnos sólo en lo primero: para que un estudiante alcance el objetivo de saber escribir o argumentar tiene que comprender también intenciones, contextos y consecuencias de lo que se expresa o se lee. Entre los adolescentes a los que damos clase, esto implica desarrollar habilidades para identificar falacias, estereotipos y discursos de exclusión.
No tengamos temor, pues, a la hora de mostrar al alumnado cómo los medios tratan informaciones sobre temas como la igualdad de género, la inmigración, las catástrofes naturales, la salud o el medio ambiente. Enseñémosles constantemente cómo recurrir al rigor científico, a la autoridad académica, a la verificación o al chequeo de fuentes. Las posibilidades de interdisciplinariedad entre las clases de lengua y otras materias “de ciencias” son enormes.
Cualquier momento tiene que ser una oportunidad idónea para practicar la escucha activa y la deliberación respetuosa.
Observar cómo se comportan en este terreno por supuesto que puede y debe ser evaluable. De paso, entrenamos así la responsabilización pública que otorga el tener el uso de la palabra y los efectos que ello tiene en el grupo-clase. Se trata de convertir la clase de lengua en un laboratorio para la convivencia democrática y la prevención del abuso comunicativo con prácticas que tienen que aprender a desterrar.
Una ética comunicativa escolar propone normas explícitas y rutinas pedagógicas: acuerdos de interacción, enseñanza de la argumentación basada en datos, actividades de simulación o dinámicas de roles que articulen las consecuencias afectivas del discurso o iniciativas de comunicación responsable en redes usando por ejemplo la radio o el periódico escolar.
Una propuesta interesante podría ser que cada grupo tenga, al igual que tiene un delegado o delegada, un comité verificador que se encargue de detectar y frenar casos de propagación posible de odio, de bulos o usos linguïsticos contrarios a la convivencia, además de que puedan ofrecer al resto de su clase herramientas para contrastar información o distinguir lo que es verdad de lo que es falso.
Además, esta ética exige que el profesorado sea el ejemplo para modelar este uso responsable del lenguaje y que los centros incluyan en sus planes pedagógicos transversales el análisis crítico de los medios digitales, así como diseño de normas y ejercicios recurrentes de deliberación colectiva.
En definitiva, cuando nos preguntemos por qué muchos de nuestros jóvenes se comportan de manera extrema o desconsiderada en sus usos lingüísticos o gestos, reflexionemos sobre la relación que puede tener con el gran algoritmo mundial dominante de la desinformación, del rechazo a las instituciones democráticas o de la canalización del desencanto. La respuesta que demos no puede ser únicamente sancionadora ni exclusivamente técnica, sino más que nada educativa, porque está en la base de los fines de la escuela.
Convertir la competencia comunicativa en una práctica ética cotidiana en las aulas protege a las comunidades escolares y aporta valor a esos avances democráticos de nuestra reciente historia que a veces parecen tambalearse.
