Eso sí, siempre nos hemos relacionado cuando estalla algún problema o riesgo, quedando atrás la colaboración institucional en la prevención, la cultura de la paz y la mediación, salvo honrosas excepciones.
Aunque para muchos este asunto no sea nada novedoso, parece que de nuevo la rabiosa actualidad que marca el compás de la polémica empuja a que planes como el que se quiere pilotar en Cataluña (Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), despierten recelo.
Puedo entender que esta desconfianza sea, hasta cierto, punto comprensible: la escuela es un espacio esencialmente pedagógico, y cualquier intervención externa debe justificarse con claridad. Pero también es cierto que la convivencia escolar se ha vuelto más compleja, que los riesgos digitales se multiplican y que la relación entre juventud e instituciones se ha debilitado. De esto último hablan, por ejemplo, encuestas del CIS. Los jóvenes muestran una menor identificación institucional y una mayor distancia simbólica hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que las generaciones adultas, y esa brecha tiene, nos guste o no, consecuencias socioeducativas.
España no parte de cero en la relación entre escuela y policía. El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, vigente desde hace más de una década, ha permitido que miles de centros reciban talleres sobre acoso, drogadicción, violencia machista, riesgos en Internet o delitos de odio por parte de la Policía Nacional.
Su éxito se explica por su enfoque preventivo y formativo, y es aquí donde quiero incidir: policía que entra en nuestros colegios e institutos no para vigilar, sino para colaborar en la difícil tarea de educar. En comunidades como Baleares o Galicia, el programa de Policía Tutor ha demostrado que un agente de referencia, estable y cercano, puede convertirse en aliado del profesorado y en recurso para el alumnado más vulnerable. Por lo tanto, una vez más se trata de cambiar la óptica de lo que se plantea.
Canarias también ha dado este curso un paso más en esta línea. La Consejería de Educación ha anunciado la puesta en marcha de un marco de trabajo para extender la figura del Agente Tutor, un modelo nacido en determinados ayuntamientos, y que ahora aspira a proyectarse al conjunto del archipiélago.
Estos programas, bien ejecutados, implican actuaciones coordinadas entre comunidades educativas y recursos municipales, con el objetivo de anticiparse a posibles situaciones de riesgo y mejorar el clima de convivencia. Cuando relacionamos policía y escuela se nos viene a la mente un modelo apocalíptico de control que parece sacado de una novela de Ray Bradbury, pero no se trata de eso. El objetivo es reforzar la detección temprana de vulnerabilidades, la mediación en conflictos, la prevención del absentismo y la educación en el uso responsable de las tecnologías.
La propuesta de acercar la policía a la escuela y a su vez, al profesorado y a otros funcionarios con rango de autoridad, encaja con buenas prácticas internacionales. En Reino Unido, los Safer Schools Officers trabajan desde hace años en institutos de zonas urbanas con un enfoque de proximidad y mediación. En Corea del Sur, la policía escolar se centra en la prevención del acoso y en la educación en ciudadanía digital desde hace mucho tiempo. También hay experiencias interesantes en Canadá, que cualquiera puede encontrar en la red.
Eso sí, los modelos que funcionan ponen la educación por delante de la vigilancia.
Cuando lo que prevalece es vigilar, han fallado. La presencia policial educativa tiene que humanizar una institución que la juventud ve lejana, romper prejuicios, generar vínculos de confianza y mostrar que la seguridad pública es un servicio al ciudadano. Le pasa lo mismo a la escuela: muchos jóvenes sienten desarraigo hacia esta institución vital para su futuro. Nos tenemos que preguntar por qué ocurre esto, y no estar haciendo conjeturas que responden más al imaginario popular de lo que puede suponer ver a la policía en un centro, como ya intervienen regularmente profesionales sanitarios o técnicos de ayuntamientos.
Por lo tanto, la presencia policial educativa solo tiene sentido si se integra en un ecosistema donde el profesorado se sienta acompañado en la labor educativa, nunca sustituido. Por eso hay que escuchar a los docentes. En ese sentido, vuelvo a Canarias para hablar de la reciente creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado, que amplia esos canales de escucha, comunicación y diálogo que tanto reclamamos.
Pero los riesgos existen: mal diseñada, la presencia continua de la policía en la escuela puede transmitir la idea de que los centros son inseguros para nuestros hijos e hijas, además de estigmatizar aún más determiandos contextos. También que se desplace la autoridad pedagógica hacia una figura externa o que se alimente la narrativa de que la juventud siempre es problemática. Por eso es imprescindible que cualquier iniciativa de este tipo se construya desde la transparencia con las familias, la participación estrecha del alumnado y la revisión continua. Se trata de recuperar la educación como espacio para la confianza, la colaboración y la posibilidad, no lo contrario.
Pase lo que pase, la escuela seguirá siendo escuela mientras mantenga su esencia: educar, acompañar y proteger. Y cualquier institución que entre debe hacerlo con humildad, respeto y voluntad de servicio. La policía no es una excepción: si viene a vigilar de forma permanente en determinadas zonas consideradas problemáticas, no le veo cabida. Pero si acude para ayudar a educar, puede convertirse en un aliado valioso en tiempos en que la convivencia y la confianza institucional necesitan ser reconstruidas.
