Durante años hemos repetido que la escuela debe abrirse al mundo.
Lo que no imaginábamos es que el mundo entraría sin pedir permiso, sin filtros y sin límites, a través de los dispositivos que los menores llevan en el bolsillo. Que el aula ya no acaba en la puerta del centro ya lo sabíamos hace tiempo. Ahora, se extiende a cada chat, cada grupo de WhatsApp o de TikTok y a cada interacción digital donde los adolescentes construyen su identidad, se relacionan, se exponen y, en ocasiones, se dañan. Y en este nuevo territorio, docentes y equipos directivos nos encontramos desbordados, obligados a gestionar problemas que no generamos y que ocurren en espacios donde no tenemos presencia ni autoridad.
Hoy no hablo de la IA. Hablo de la proliferación de cuentas parodia que ridiculizan a miembros de la comunidad educativa en los límites entre el humor y el respeto (como ha saltado últimamente como “moda” que se expande entre el alumnado de multitud de centros de Secundaria), o de la aparición de grupos masivos de WhatsApp con decenas de menores de distintas edades donde circulan contenidos ofensivos o violentos.
Nada de esto puede considerarse anecdótico. Es parte de una nueva cultura digital que se ha instalado en los centros educativos sin que estos dispongan de herramientas reales para controlarla. Nuestra escuela se ha convertido, de facto, en un centro de contención digital, aunque la normativa no nos otorgue competencias tecnológicas para intervenir en plataformas privadas.
La legislación está ahí. La LOPIVI obliga a los centros educativos a detectar, valorar y actuar ante cualquier situación que suponga riesgo para menores, incluso cuando ocurre fuera del recinto escolar. La LOMLOE vino a reformar la educación digital como competencia clave y sitúa la convivencia en el centro del proyecto educativo. Y la normativa sobre convivencia suele considerar conductas graves la difusión de contenidos que afecten a la dignidad de miembros de la comunidad educativa, la exhibición de material pornográfico y la violencia física o moral entre iguales. Esto significa que, aunque los hechos ocurran en redes sociales o en grupos privados, si sus efectos recaen sobre el centro, debemos intervenir.
Bajo mi punto de vista, aquí aparece la gran brecha entre lo que ocurre y lo que podemos controlar. Los docentes no podemos entrar en los grupos de WhatsApp de menores, ni supervisar sus redes sociales, ni investigar quién ha difundido un vídeo, ni sancionar sin autoría identificada. Pero nuestra obligación sí es proteger a los menores, activar protocolos, informar a las familias, reforzar la acción tutorial y, en casos graves, comunicar a superiores y resto de autoridades. La responsabilidad del centro es educativa y preventiva, no policial. Sin embargo, la presión social y la expectativa de las familias tienden a situar a profesores y equipos directivos en un rol que excede sus competencias legales.
Los planes digitales de centro, impulsados por la LOMLOE y por las estrategias autonómicas, han supuesto un avance en la formación docente y en la integración pedagógica de la tecnología. Pero la vida digital de los menores ocurre en otras plataformas, ajenas al control institucional. Los planes digitales son necesarios pero insuficientes. La alfabetización digital no puede limitarse a enseñar a usar herramientas: debe incluir ética digital, privacidad, consentimiento, límites, gestión emocional y responsabilidad. Y ello exige tiempo, recursos y formación especializada que nuestros centros no siempre tienen.
La pregunta clave que me hago es hasta dónde debemos llegar para garantizar el bienestar digital de nuestros alumnos. Legalmente, debemos detectar riesgos, actuar ante situaciones de violencia digital, educar en el uso responsable de la tecnología y comunicar a las autoridades competentes cuando existan indicios de delito. Pero no podemos supervisar dispositivos personales, ni controlar grupos privados, ni intervenir en redes sociales, ni asumir responsabilidades que corresponden a las familias. La escuela puede acompañar, orientar y educar, pero no puede sustituir la supervisión parental.
Todo un dilema, pues. La verdadera solución creo que pasa por una verdadera alianza educativa que incluya a las familias. Los menores viven en un entorno digital que ningún centro puede gestionar solo. Los móviles no los entregan los centros, las redes sociales no las gestiona la escuela y los grupos de WhatsApp no los crean los institutos. La escuela puede y debe educar, prevenir y acompañar, pero la supervisión digital es responsabilidad familiar. Esta idea debe comunicarse con claridad, sin culpabilizar, pero sin ambigüedades.
De una forma y otra, tengamos claro que la convivencia escolar ya no se juega solo en pasillos y aulas. Se juega en pantallas, chats, vídeos y memes. Y esto exige una nueva mirada: más preventiva, más pedagógica, más colaborativa y más humana. Los centros educativos no pueden controlar el mundo digital, pero sí pueden preparar a los menores para vivir en él sin dañarse ni dañar a otros.
Ese es el verdadero desafío de esta década: construir una cultura digital segura, ética y responsable que permita a nuestros alumnos crecer en el entorno digital.
