Vivimos un tiempo en el que la barbarie se desliza por doquier. No llega como estruendo, sino como rutina.
Se cuela en conversaciones, algoritmos y discursos que normalizan lo intolerable. Mientras el mundo observa de nuevo invasiones retransmitidas en directo, retrocesos democráticos en países que parecían sólidos y líderes que erosionan instituciones desde dentro, la pregunta es inevitable: ¿qué puede hacer la educación ante este clima? La respuesta es incómoda, pero urgente: todo lo que quede por hacer para que no nos acostumbren.
Los datos internacionales no dejan margen para la ingenuidad. El informe Freedom in the World 2024 de Freedom House señala que la libertad global retrocede por decimonoveno año consecutivo. IDEA Internacional confirma que más de la mitad de la población mundial vive ya en democracias en retroceso o en regímenes abiertamente autoritarios. ACNUR advierte que el número de personas desplazadas forzosamente supera los 114 millones, la cifra más alta registrada. UNICEF alerta de que uno de cada cinco niños vive en zonas afectadas por conflictos armados. Más que estadísticas, son señales de alarma. Vale la pena hablar de esto con nuestros hijos, si queremos reforzar nuestra faceta educativa como padres.
A este escenario se suma el colapso institucional en Venezuela, que ha desencadenado una crisis humanitaria y política de enorme magnitud. Millones de personas han huido hacia países vecinos, tensionando sistemas educativos, sanitarios y sociales ya frágiles. La región vive un proceso de desestabilización que alimenta discursos extremos: unos que prometen orden a cualquier precio mediante el poder, otros que explotan el resentimiento e invocan la solución armada.

La violencia, la migración forzada y la percepción de abandono institucional se convierten en caldo de cultivo para la radicalización entre jóvenes que crecen sin horizontes claros. Además, la lógica del enemigo —tan presente en la crisis venezolana— es la misma que hoy impregna discursos políticos en democracias de todo el mundo. Es una pedagogía del conflicto que los jóvenes aprenden antes en redes que en las aulas.
En paralelo, las políticas impulsadas por Donald Trump han sido ampliamente analizadas por organismos internacionales, centros de investigación y universidades, que coinciden en señalar varios efectos preocupantes.
Informes del Pew Research Center y del Berkman Klein Center de Harvard subrayan el aumento de la polarización afectiva durante su mandato, así como la expansión de ecosistemas digitales donde la desinformación y la confrontación se vuelven moneda corriente. Estudios del International Center for Nonprofit Law y de Freedom House documentan un debilitamiento de los consensos democráticos, especialmente en respeto institucional, independencia judicial y confianza en procesos electorales.
A ello se suma un estilo comunicativo —analizado por universidades como Columbia— que normaliza la deslegitimación del adversario, la simplificación extrema de los problemas públicos y la retórica emocionalmente inflamatoria. Diversos trabajos académicos muestran que este enfoque ha tenido eco en otros países: vemos que movimientos políticos replican sus estrategias discursivas y su lógica de antagonismo permanente, contribuyendo a un clima global donde la desconfianza se vuelve norma y la complejidad se presenta como amenaza.
Ambos fenómenos —la crisis venezolana y la expansión global de estilos políticos radicales— convergen en un punto crítico: la polarización de los jóvenes. Ya he reflexionado en este blog otras veces sobre cómo los adolescentes y jóvenes adultos son especialmente vulnerables a narrativas extremas en contextos de incertidumbre, precariedad o saturación informativa.
La combinación de frustración económica, discursos de odio amplificados por redes y modelos políticos basados en la confrontación genera un ecosistema donde las posiciones extremas se vuelven atractivas, incluso heroicas. No es extraño que escuchemos en las aulas comentarios que defienden esas posiciones, e incluso muestras de aprobación hacia la dictadura franquista.

En este contexto, la escuela pública no es un servicio más: es un contrapeso democrático. Es el lugar donde se aprende a pensar cuando fuera se premia el grito, donde ensayamos la convivencia cuando otros celebran la confrontación y protegemos la sensibilidad cuando en la opinión pública se banaliza el sufrimiento. La educación es el último espacio donde la sociedad puede entrenar la resistencia frente a la deshumanización normalizada; como se expresa en la Declaración de la Internacional Antifascista de Educación (IAdE), “aceptar esa lógica es aceptar y enseñar a normalizar un mundo más violento, más inestable y más injusto”.
Pero para que la escuela cumpla ese papel, hay que asumir tres premisas que me parecen inaplazables:
Combatir la anestesia moral
La saturación informativa produce un efecto perverso: cuanto más vemos, menos sentimos. Paul Slovic habla de la narcotización psíquica: una vida nos conmueve, mil vidas nos abruman, un millón nos anestesia. Me niego a que mis descendientes vivan anestesiados ante la deriva autoritaria.
Las imágenes de Gaza, Ucrania, Venezuela o Sudán del Sur se suceden hasta volverse paisaje. La crueldad se convierte en un ruido de fondo. Pero mientras sepamos que una ciudadanía hipnotizada es terreno fértil para cualquier deriva autoritaria, la escuela debe ser el lugar donde se recupere la capacidad de conmoverse ante la recuperación de la memoria histórica. No desde el sentimentalismo, sino desde la ética, como ya abordaba en este otro artículo. Donde se enseña que cada conflicto tiene consecuencias humanas y que la equidistancia, disfrazada de supuesta neutralidad, nos convierte en cómplices.
Defender la verdad como bien público
La posverdad no es solo un problema de redes sociales: es un ataque directo a la democracia. Cuando la verdad se degrada, la ciudadanía queda desarmada. Y cuando la ciudadanía queda desarmada, cualquier forma de barbarie puede presentarse como solución de sentido común, incluso “justa”. Lo vemos con Venezuela.
La escuela debe enseñar a distinguir hechos de opiniones, argumentos de consignas, discrepancia de deshumanización. No basta con identificar bulos: hay que desear la verdad, comprender por qué importa, por qué es un bien común y no una preferencia personal.
Proteger la convivencia frente a la lógica del enemigo
La polarización no es solo un clima: es una pedagogía inversa. Enseña a desconfiar, a simplificar, a dividir el mundo entre “nosotros” y “ellos”. Y esa lógica, cuando se instala, destruye cualquier posibilidad de comunidad.
La escuela pública, con su diversidad real, es el mejor antídoto. Es el espacio donde estudiantes de orígenes, lenguas e identidades distintas aprenden a compartir un mismo proyecto. Donde se demuestra que la diferencia no es una amenaza, sino una riqueza.
Contribuyamos a un compromiso irrenunciable
Hannah Arendt advirtió que el mal puede prosperar cuando la ciudadanía renuncia a pensar. Hoy podríamos añadir: también cuando renuncia a sentir, a dialogar, a recordar. Por eso la educación no puede limitarse a transmitir contenidos; debe formar ciudadanos capaces de resistir la degradación democrática.
En un mundo donde la barbarie amenaza con volverse costumbre, la escuela pública sigue siendo el lugar donde enseñamos a nuestros jóvenes a no mirar hacia otro lado. Y cuando un joven aprende a no mirar hacia otro lado, la barbarie pierde terreno. En ese gesto, que es pequeño pero muy humano— empieza siempre la posibilidad de un futuro distinto.